José D. Ferrer, símbolo de resistencia. / Miguel Iturria Savón

José D. Ferrer y miembros de UNPACU.

A José Daniel Ferrer, el rostro más visible y audaz de la oposición cívica en el interior de Cuba, lo vi por primera vez a mediados del 2005 en el Mural de los 75, al lado de la Sala  “Roosevelt” de la Embajada de los EE. UU en La Habana, donde accedía a Internet junto a los colegas que escribíamos para Cubanet. Aquel tipo blanco, alto, delgado y serio era un eco de rebeldía tras las rejas al igual que Biscet, Antúnez y otros opositores y periodistas independientes condenados en juicios sumarísimos en la primavera negra del 2003.

Siete años después del proceso kafkiano de la oligarquía caribeña, los rehenes de Castro fueron deportados a España, salvo José Daniel y otros once que retaron la decisión y continuaron su activismo en la isla. En un programa audiovisual conducido por Reinaldo Escobar resurgió el impetuoso y cálido José Daniel contando cómo reportaba por teléfono los horrores de la prisión. Luego, en mi primer encuentro con él, al preguntarle por su origen, me relató la historia del abuelo, un miliciano español que al final de la  Guerra Civil escapó en barco hacia Cuba con el pasaporte del guerrillero cubano caído junto a él a principios de 1939; se parecían tanto que nadie dudó de su “identidad” y cómo no podía registrarse en ningún Consulado de España, siguió con las señas del amigo muerto y creó familia en Cuba.

La anécdota y el historial de resistencia de José D. Ferrer “homologa” la estirpe y la leyenda personal de este guerrero sin fusil nacido en Palma Soriano en 1970. Fue educado para servir al poder pero renegó del destino borreguil diseñado por la dinastía verde oliva y asumió desafíos que lo llevaron a la cárcel (2003 al 2011), sobre todo por su labor en el Comité Ciudadano que gestionó el Proyecto Varela en Santiago de Cuba. Al salir del presidio creó la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), ese paraguas de pequeñas organizaciones disidentes que moviliza a cientos de personas en la región oriental de Cuba, baluarte de la “masa” como abstracción oficial para someter a individuos que despiertan y se integran a la red pacífica en busca de la concertación nacional opositora contra la dictadura.

José Daniel sigue en la línea de cambio iniciada por el Proyecto Varela, cuyo líder nacional –Oswaldo Payá Sardiñas- fue asesinado en julio del 2012. Su liderazgo ha crecido en proporción con la táctica de movilizar  a la “masa social” de forma no violenta para obligar al gobierno a dialogar de “igual a igual” y trabajar por la reconciliación nacional, lo cual parece quimérico pero no es imposible por el desgaste y la incapacidad de la dictadura para solucionar los problemas esenciales del país.

El Secretario Ejecutivo de la UNPACU no cree en quimeras, sabe los retos que afronta y conoce las grietas del viejo muro totalitario. Ha protagonizado huelgas de hambre en prisión y fuera de ella, ha resistido acoso y detenciones violentas por difundir las demandas y el programa de su organización dentro y fuera de la isla. En esa órbita ha girado también el célebre Guillermo Fariñas y otros defensores de los derechos humanos del centro y la zona oriental de la isla. Por su condición de ex prisionero de conciencia con licencia extrapenal a José Daniel le han negado algunos viajes al extranjero pese al apoyo de Amnistía Internacional, la Organización Mundial contra la Tortura y otras entidades que le otorgaron XIII Premio Internacional de Derechos Humanos de la Fundación Hispano-Cubana y el Premio Democracia de la National Endowment for Democracy.

Considerado como símbolo de resistencia y activismo cívico, José D. Ferrer, como Guillermo Fariñas, Antonio González-Rodiles, Berta Soler y otros líderes de la oposición pacífica cubana, enfrentan aún el despotismo de un señorío tropical que se atrinchera y baraja el tiempo, mientras prepara a sus herederos dinásticos para perpetuar el absurdo. El reto sigue en pie y depende de circunstancias internas, presiones externas y de la propia actuación de esos rostros que rompen los límites impuestos.

 

Con las barbas en remojo. Por Miguel Iturria Savón.

Supe por El Nuevo Herald que Alberto Fujimori no se inmutó cuando la Corte suprema de justicia lo condenó en Lima a 25 años de cárcel el martes pasado. El ex presidente de origen japonés condujo con firmeza al Perú de 1990 al 2000; etapa en la cual redujo la inflación y el narcotráfico, derrotó a las guerrillas marxistas y dejó un saldo económico favorable, pero salpicado por la corrupción y la violación de los derechos humanos.
La condena divide a los peruanos. Los seguidores de Fujimori la califican de excesiva y antidemocrática, mientras las víctimas y los defensores de los derechos humanos piensan lo contrario. Para el representante de Amnistía internacional el juicio fue un proceso ejemplar con implicaciones para el mundo y el continente.
El caso recuerda la detención de Augusto Pinochet en una clínica de Londres, donde el ex dictador chileno fue sorprendido por una orden del juez español Garzón, quien ganó celebridad por sus litigios contra personajes encumbrados dentro y fuera de su país. Evoca también la reciente sentencia contra el presidente Al Bashir por la Corte Internacional, cuyos jueces demandan al mandatario de Sudán por sus crímenes contra la población civil.
Aunque es casi imposible juzgar a los gobernantes que ejercen el poder, el susto que le dieron al general Pinochet, quien ya estaba retirado del mando; la orden de arresto contra el déspota africano y la condena de Fujimori en Perú revelan el reclamo de justicia de las víctimas de los caudillos que violan los derechos de los ciudadanos.
El caso de Cuba es representativo. Desde hace medio siglo los hermanos Castro se adueñaron del poder e impusieron un régimen que excluye, expropia, encarcela y censura con impunidad a la mayor parte de la población, de la cual se creen representantes perpetuos. Al generalizar la represión, ideologizar la enseñanza y convertir a los ciudadanos en clientes del Estado, estos hombres pasaron por las armas a miles de opositores, multiplicaron el exilio y el éxodo de los jóvenes, endeudaron al país y aún prohíben los más elementales derechos humanos.
Los crímenes de Pinochet son mínimos en comparación con los desmanes de la dictadura cubana, la cual ejerce el monopolio sobre los medios de comunicación y recibe el apoyo de la izquierda internacional y de los gobiernos que encubren su cooperación con el régimen.
Si Fujimori fue hallado culpable de impunidad y violación de los derechos humanos por ordenar el secuestro de un periodista y un empresario, o el asalto de dos barrios de Lima con el saldo de 25 muertos en 1991 y 1992; ¿por cuántos cargos pudiéramos encausar a Fidel y Raúl Castro, actual presidente de Cuba?
El Mesías y su profeta pudieran ser juzgados por miles de fusilamientos sumarios, secuestros y asesinatos, encarcelamientos a granel, traslado forzoso de habitantes de pueblos y caseríos, destrucción de industrias, expropiaciones de todo tipo e injerencias en otras naciones hacia donde exportaron la violencia revolucionaria.
Hasta el momento, el líder mutilado y su sucesor gozan de inmunidad gubernamental, pero deben estar inquietos por la sentencia dictada contra el ex presidente Fujimori. La impunidad tiene sus límites.

Circo jurídico. Por Miguel Iturria Savón.

El viernes seis, mientras atravesaba parte de La Habana en un ómnibus urbano, escuché por Radio Rebelde un comentario apologético sobre el informe presentado el día anterior en la sede de la ONU en Ginebra por María Esther Reus González, Ministra de justicia, quien presidió la Delegación insular al Examen periódico universal establecido por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, integrado por Cuba aunque somos el país de Iberoamérica con mayor población penal y el sexto a nivel mundial, con 487 presos por cada cien mil habitantes.
El diario Granma, la Mesa redonda informativa, el Noticiero nacional de la televisión y otros medios de comunicación repitieron a todo trapo la “Nueva victoria de la revolución en Ginebra”, donde la ministra y sus acompañantes, según fuentes externas, evadieron las críticas de diplomáticos y periodistas que cuestionaron “el informe triunfalista y politizado que negó la existencia de prisioneros de opinión en la isla, los casos de tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales”.
Al leer El Nuevo Herald del seis de febrero sentí pena por mis compatriotas e imaginé los malabares verbales de la ministra ante las preguntas incómodas de los expertos que la pusieron en jaque. Si nuestro sistema jurídico y la prensa insular no dependieran del gobierno que preside el general Castro, los cubanos estuviéramos mejor informados sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba, donde se multiplicaron las cárceles, hay centenares de presos políticos y la propia Constitución limita las libertades de los ciudadanos.
Según El Nuevo Herald, la señora Reus González rechazó la petición de Brasil de que Cuba se adhiera al Estatuto de Roma, de donde surgió la Corte Penal Internacional, instancia creada para enjuiciar a quienes cometen delitos de lesa humanidad en el mundo. La ministra sabe lo que hace pero debería exponer por qué evadir algunos tratados universales y negarles a los cubanos los derechos fundamentales.
La fuente señala que “…los representantes de Gran Bretaña, Canadá e Israel cuestionaron la existencia de presos políticos, las condiciones de las cárceles cubanas, la aplicación de la pena de muerte y las limitaciones de los ciudadanos para viajar al extranjero”. Reseña que el embajador de Israel, Aharon Leshno, cuestionó el sistema judicial cubano por su dependencia del gobierno y llamó a liberar a los activistas de los derechos humanos y a los periodistas arrestados; mientras que el británico Peter Gooderham recomendó que “Cuba se abstenga de usar las leyes para fabricar cargos de peligrosidad y propaganda enemiga, que sirvieron para restringir los derechos de libre expresión y asociación de los ciudadanos”.
Hasta Brasil, Chile y México pidieron a la funcionaria cubana mejorar la protección de los defensores de los derechos humanos y garantizar la libertad de expresión y circulación dentro y fuera de Cuba.
Como los derechos humanos es una asignatura pendiente para la dictadura militar de los Castro, es natural que nuestra prensa hable de “victoria” al ficcional sobre el Examen presentado en Ginebra por la Ministra de justicia.

Derecho de propiedad… Por Miguel Iturria Savó.

¿Derecho de propiedad sobre la vivienda? / Miguel Iturria Savón.
Todo derecho incluye varias facultades. El de la propiedad no es una excepción. En Cuba, como en otros países, implica el uso, disfrute, posesión y disposición. La disposición es la posibilidad del propietario de darle el destino deseado a sus bienes, ya sea la casa, el automóvil o la parcela, pues en nuestra isla predomina la propiedad estatal sobre los medios de producción y servicios, lo cual deja a las personas sin casi nada.
Disponer de bienes equivale a poder modificarlo, transformarlo y enajenarlo de forma voluntaria. Enajenar significa transmitir su derecho o alguna facultad derivada de este, como vender, permutar o arrendarlo, lo que se limita y quebranta desde la legislación cubana, que olvida algunos preceptos internacionales.
El artículo 13.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa: “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a su país”.
Esto es incompatible con el concepto “salida definitiva del país”, utilizado indistintamente por el ordenamiento jurídico insular, que tiene dentro de sus efectos confiscar los bienes del propietario y su derecho a heredar.
¿Cómo puede el Estado determinar que una salida del territorio nacional es definitiva si, presuntamente, la persona que viaja puede regresar al lugar de origen cuando estime conveniente?
El derecho de propiedad, regulado en el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el 21 de la Constitución cubana, es distorsionado por nuestro ordenamiento jurídico. Con respecto a los inmuebles, no existe en la práctica la facultad de disposición sobre estos. Veamos algunos ejemplos:
El artículo 470 del Código Civil cubano refrenda la incapacidad para heredar de quienes abandonan “definitivamente el país”. Mientras los artículos 509 al 521 regulan la sucesión intestada de los bienes. Cuando no hay Testamento pueden heredar los hijos, los padres, cónyuges, abuelos, hermanos y sobrinos. ¿Qué sucede si el único pariente que sobrevive es un tío o un primo cercano? La respuesta la hallamos en los artículos 546 y 547 del mismo cuerpo legal, que resuelve a favor del Estado la herencia al no existir los herederos o cuando los de referencia u otros sean incapaces (“salida definitiva del país”).
A su vez, el artículo 191.1 del C.C, expone que la transmisión o enajenación de inmuebles se rige por las Disposiciones especiales (Ley general de la vivienda). El problema fundamental del traspaso radica en su artículo 60, el cual impone la compra-venta de la vivienda a favor del Estado, que abonará el precio legal establecido en la L.G.V o el fijado por el Ministerio de finanzas y precios. ¿No es la compra-venta un contrato bilateral donde el precio debe ser fijado por las partes según sus intereses? ¿No es el acto de compra-venta una expresión de la facultad de transferir el derecho de propiedad? ¿Acaso no cuenta la libre determinación del propietario?
El artículo 30 de la citada ley regula los requisitos para ejercer la donación de inmuebles. Ser familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad, cónyuge o ex cónyuge con hijos o con más de dos años de matrimonio; así como los convivientes con diez años o más en el hogar. No puede donarse, por ejemplo, a otro tipo de familiar o personas allegadas. Tales exigencias limitan el ejercicio de la voluntad del “dueño”.
Pero hay más. Según resolución del Instituto nacional de la vivienda, la donación pierde sus efectos cuando el donante realiza algún trámite migratorio dentro de los cuatro años posteriores al acto. El donante es convertido así en rehén de la legislación.
Y como si fuera poco, el artículo 76 de la L.G.V instituye que el heredero testamentario solo puede adjudicarse la vivienda si la ocupa al momento de fallecer el causante, requisito muy difícil de tener si partimos de que la muerte es un acontecimiento impredecible. El heredero vuelve a ser rehén, si sale de casa el Estado lo despoja.
El otro requisito, no más sencillo, es que en defecto del anterior, se exige que el inmueble quede vacío al fallecer el testador por ser este su único ocupante. ¿Y si llega alguien a vivir allí a última hora? Según el artículo 78 de dicha ley, si ese alguien (conviviente no heredero) fuera un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad, cónyuge con cinco años en el inmueble o no fuera un pariente, pero conviviera por más de diez años en casa, tendrá prioridad sobre el heredero testamentario para adjudicarse la vivienda.
De no cumplir tales restricciones, la casa se la adjudica el Estado, cuyas leyes y funcionarios no respetan la última voluntad del causante, algo tan antiguo como el Derecho romano.
Pero el punto culminante está en el artículo 81 de la L.G.V, que solo le da el derecho a adquirir la propiedad de la vivienda, previo pago, a los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o cónyuge que convivieron por más de diez años con el propietario que abandonó definitivamente el país.
Se podría resumir que en nuestra legislación, al establecerse tantas trabas sobre transmisión de viviendas, el Estado termina convirtiéndose en un embudo que generalmente se apropia de la mayoría de los inmuebles, siendo esta, lamentablemente, la principal fuente del fondo habitacional del país.
¿Se garantiza realmente el derecho a la propiedad en la legislación cubana?