Circo jurídico. Por Miguel Iturria Savón.

El viernes seis, mientras atravesaba parte de La Habana en un ómnibus urbano, escuché por Radio Rebelde un comentario apologético sobre el informe presentado el día anterior en la sede de la ONU en Ginebra por María Esther Reus González, Ministra de justicia, quien presidió la Delegación insular al Examen periódico universal establecido por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, integrado por Cuba aunque somos el país de Iberoamérica con mayor población penal y el sexto a nivel mundial, con 487 presos por cada cien mil habitantes.
El diario Granma, la Mesa redonda informativa, el Noticiero nacional de la televisión y otros medios de comunicación repitieron a todo trapo la “Nueva victoria de la revolución en Ginebra”, donde la ministra y sus acompañantes, según fuentes externas, evadieron las críticas de diplomáticos y periodistas que cuestionaron “el informe triunfalista y politizado que negó la existencia de prisioneros de opinión en la isla, los casos de tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales”.
Al leer El Nuevo Herald del seis de febrero sentí pena por mis compatriotas e imaginé los malabares verbales de la ministra ante las preguntas incómodas de los expertos que la pusieron en jaque. Si nuestro sistema jurídico y la prensa insular no dependieran del gobierno que preside el general Castro, los cubanos estuviéramos mejor informados sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba, donde se multiplicaron las cárceles, hay centenares de presos políticos y la propia Constitución limita las libertades de los ciudadanos.
Según El Nuevo Herald, la señora Reus González rechazó la petición de Brasil de que Cuba se adhiera al Estatuto de Roma, de donde surgió la Corte Penal Internacional, instancia creada para enjuiciar a quienes cometen delitos de lesa humanidad en el mundo. La ministra sabe lo que hace pero debería exponer por qué evadir algunos tratados universales y negarles a los cubanos los derechos fundamentales.
La fuente señala que “…los representantes de Gran Bretaña, Canadá e Israel cuestionaron la existencia de presos políticos, las condiciones de las cárceles cubanas, la aplicación de la pena de muerte y las limitaciones de los ciudadanos para viajar al extranjero”. Reseña que el embajador de Israel, Aharon Leshno, cuestionó el sistema judicial cubano por su dependencia del gobierno y llamó a liberar a los activistas de los derechos humanos y a los periodistas arrestados; mientras que el británico Peter Gooderham recomendó que “Cuba se abstenga de usar las leyes para fabricar cargos de peligrosidad y propaganda enemiga, que sirvieron para restringir los derechos de libre expresión y asociación de los ciudadanos”.
Hasta Brasil, Chile y México pidieron a la funcionaria cubana mejorar la protección de los defensores de los derechos humanos y garantizar la libertad de expresión y circulación dentro y fuera de Cuba.
Como los derechos humanos es una asignatura pendiente para la dictadura militar de los Castro, es natural que nuestra prensa hable de “victoria” al ficcional sobre el Examen presentado en Ginebra por la Ministra de justicia.