Con las barbas en remojo. Por Miguel Iturria Savón.

Supe por El Nuevo Herald que Alberto Fujimori no se inmutó cuando la Corte suprema de justicia lo condenó en Lima a 25 años de cárcel el martes pasado. El ex presidente de origen japonés condujo con firmeza al Perú de 1990 al 2000; etapa en la cual redujo la inflación y el narcotráfico, derrotó a las guerrillas marxistas y dejó un saldo económico favorable, pero salpicado por la corrupción y la violación de los derechos humanos.
La condena divide a los peruanos. Los seguidores de Fujimori la califican de excesiva y antidemocrática, mientras las víctimas y los defensores de los derechos humanos piensan lo contrario. Para el representante de Amnistía internacional el juicio fue un proceso ejemplar con implicaciones para el mundo y el continente.
El caso recuerda la detención de Augusto Pinochet en una clínica de Londres, donde el ex dictador chileno fue sorprendido por una orden del juez español Garzón, quien ganó celebridad por sus litigios contra personajes encumbrados dentro y fuera de su país. Evoca también la reciente sentencia contra el presidente Al Bashir por la Corte Internacional, cuyos jueces demandan al mandatario de Sudán por sus crímenes contra la población civil.
Aunque es casi imposible juzgar a los gobernantes que ejercen el poder, el susto que le dieron al general Pinochet, quien ya estaba retirado del mando; la orden de arresto contra el déspota africano y la condena de Fujimori en Perú revelan el reclamo de justicia de las víctimas de los caudillos que violan los derechos de los ciudadanos.
El caso de Cuba es representativo. Desde hace medio siglo los hermanos Castro se adueñaron del poder e impusieron un régimen que excluye, expropia, encarcela y censura con impunidad a la mayor parte de la población, de la cual se creen representantes perpetuos. Al generalizar la represión, ideologizar la enseñanza y convertir a los ciudadanos en clientes del Estado, estos hombres pasaron por las armas a miles de opositores, multiplicaron el exilio y el éxodo de los jóvenes, endeudaron al país y aún prohíben los más elementales derechos humanos.
Los crímenes de Pinochet son mínimos en comparación con los desmanes de la dictadura cubana, la cual ejerce el monopolio sobre los medios de comunicación y recibe el apoyo de la izquierda internacional y de los gobiernos que encubren su cooperación con el régimen.
Si Fujimori fue hallado culpable de impunidad y violación de los derechos humanos por ordenar el secuestro de un periodista y un empresario, o el asalto de dos barrios de Lima con el saldo de 25 muertos en 1991 y 1992; ¿por cuántos cargos pudiéramos encausar a Fidel y Raúl Castro, actual presidente de Cuba?
El Mesías y su profeta pudieran ser juzgados por miles de fusilamientos sumarios, secuestros y asesinatos, encarcelamientos a granel, traslado forzoso de habitantes de pueblos y caseríos, destrucción de industrias, expropiaciones de todo tipo e injerencias en otras naciones hacia donde exportaron la violencia revolucionaria.
Hasta el momento, el líder mutilado y su sucesor gozan de inmunidad gubernamental, pero deben estar inquietos por la sentencia dictada contra el ex presidente Fujimori. La impunidad tiene sus límites.

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